Víctimas rechazan versión virtual de Sandra Ramírez ante la JEP por reclutamiento de menores

Este miércoles 4 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó la versión voluntaria de Sandra Ramírez de manera virtual dentro del Caso 07, expediente que investiga el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado. La determinación del tribunal de justicia transicional generó el rechazo de víctimas acreditadas, quienes acudieron a la sede del organismo en Bogotá con la intención de confrontarla de forma presencial.

Deisy Dorelly Guanaro, quien denunció haber sido reclutada a los once años por las extintas Farc, cuestionó que se concedieran medidas especiales a la exintegrante guerrillera frente a la falta de protección para las víctimas. La mujer manifestó su inconformidad por no poder confrontar presencialmente a la exsenadora y señaló que desde hace dos años recibe amenazas de muerte contra su vida y sus hijos. Pese a las intimidaciones reportadas ante la Fiscalía General de la Nación, la denunciante ratificó su asistencia al tribunal y afirmó: «Esto no me detiene y esto no es una excusa para no asistir a la audiencia».

De acuerdo con los testimonios consignados en el expediente judicial, Guanaro y otras declarantes señalan a Ramírez por su presunta participación en dinámicas de violencia sexual, abortos obligados y exhibición de menores ante mandos guerrilleros. Los relatos afirman que la compareciente ejercía poder y mando dentro de la estructura armada debido a su relación sentimental con Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o alias Tirofijo. La jurisdicción deberá contrastar estas acusaciones para determinar la responsabilidad de la excongresista en los crímenes investigados.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP autorizó la declaración a distancia luego de que la Unidad Nacional de Protección advirtiera un nivel de riesgo extremo para la compareciente. Aunque la defensa de Ramírez pidió contestar a través de un cuestionario escrito, los magistrados negaron esa solicitud y mantuvieron la audiencia oral e interactiva con los representantes de las víctimas. El despacho transicional continuará la recolección de pruebas para definir si incluye formalmente a Ramírez en las imputaciones del macrocaso.